El problema del agua en Canarias
Federico Aguilera Klink,
Juan Sánchez García
Departamento de Economía Aplicada,
Universidad de La Laguna
Desde hace unos meses, aparecen con cierta regularidad en la prensa local algunos artículos sobre la gran experiencia y conocimientos tecnológicos y de gestión que poseemos en Canarias sobre el agua, dando a entender que nos encontramos en una senda adecuada para resolver el problema de dicho recurso. No es nuestra intención negar la importancia de dicha experiencia y conocimientos ; sin embargo, consideramos pertinente señalar que la supuesta solución del problema del agua -centrada fundamentalmente en lo que podemos llamar una opción tecnológica- puede generar, a medio y largo plazo, algunos destacados problemas, que no son visibles a corto plazo, y que pueden llegar a cuestionar el optimismo con el que los abordamos en estos momentos.
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Galería, Barranco Tamadaya, Arico
En efecto, los acuíferos subterráneos constituyen un buen ejemplo de recurso natural fisicamente renovable, siempre que las pautas de extracción se aproximen a las de recarga. Además, la noción de recurso es funcional, es decir, depende de las funciones (ambientales, económicas, sociales,...etc.) que ese recurso puede satisfacer. En todo caso, la disponibilidad del mismo depende de la tecnología y del marco institucional (legal) que regula su uso, estando ambos relacionados con procesos sociales, es decir con el conflicto existente entre los valores e intereses que subyacen en todo proceso social y con la capacidad de contar con una percepción social o con una comprensión colectiva de lo que realmente está ocurriendo en relación con el objetivo, en principio socialmente deseable, de la sustentabilidad o renovabilidad del acuífero.
En el caso de una isla, el agua dulce (capital natural) es un recurso parcialmente sustituible, en el sentido de que puede ser parcialmente sustituído por tecnología de desalación (capital manufacturado). En teoría, esta opción tecnológica parece muy atractiva pues, aparentemente, permite evitar algunos conflictos distributivos de carácter intrageneracional frente a los ocasionados por la opción centrada en regular los derechos de extracción existentes para ajustarlos a un caudal sostenible de agua. La opción regulatoria ya generó durante los años 80 grandes conflictos sociales en Canarias al debatirse el carácter público o privado del agua y la duración de las concesiones de la extracción. El resultado de estos conflictos es la actual Ley de aguas que reconoce, entre otros aspectos: a) que el agua es un bien público ; b) que la duración de las concesiones de extracción puede llegar a los 75 años y c) que el objetivo es lograr una gestión sostenible del acuífero. El problema consiste en que el reconocimiento de dichos aspectos corre el peligro de convertirse en algo meramente formal ya que su aplicación real podría generar importantes conflictos distributivos a la vez que conflictos políticos.
Por eso, lo que sucede en la práctica es que la opción tecnológica, si bien esconde parcialmente dichos conflictos, genera otros nuevos cuya percepción está dificultada debido a la ausencia de información y de discusión sobre lo que realmente está ocurriendo y sobre sus consecuencias (de hecho se han instalado, de manera incontrolada, algunas plantas desalinizadoras de agua salobre), así como sobre las posibles opciones alternativas (como la gestión de la demanda de agua) que no hay razón para descartar. Es posible, no obstante, identificar algunos de los graves problemas existentes :
- Intrusión marina y deterioro del acuífero -en algunos casos de carácter irreversible- producidos por la sobreexplotación provocada por la desalación de agua salobre;
- Aumento de la contaminación atmosférica (CO2 entre otros) y dependencia energética derivadas del mayor uso de combustibles fósiles para generar electricidad y desalar agua salobre y agua de mar, frente al menor consumo energético (y menor coste ambiental y monetario) que conllevan opciones como la citada gestión de la demanda de agua, puesto que es más barato ahorrar un m3 que producir uno más.
- Conflicto distributivo de carácter intra e intergeneracional generado por el deterioro gradual del acuífero y la contaminación atmosférica.
Sin embargo, a la vista de la poca atención -al menos pública- que se está prestando a estos problemas, da la impresión de que realmente éstos no existen como tales. Parece pues, que nos encontramos en una situación caracterizada por lo que Beck denomina "una política simbólica de descontaminación" o, dicho de otra manera, de negación continua de la existencia de dichos problemas, ya que el agua sigue saliendo por el grifo (el suministro está "asegurado").
No obstante, es necesario reconocer la incertidumbre que existe sobre la evolución de estos problemas así como las dificultades para su completa conmensurabilidad monetaria y ambiental. Bajo estas condiciones, es muy difícil tener una adecuada percepción social (comprensión colectiva) de los citados problemas, pero sí existe, de acuerdo con el principio de precaución, una base científica para estar preocupado, incluso en ausencia de pruebas científicas firmes, sobre las causas y los efectos y para tomar decisiones anticipadas de manera que seamos capaces de evitar la insostenibilidad o deterioro irreversible del acuífero. En este sentido, consideramos imprescindible abordar sin más dilación las siguientes cuestiones con el fin de mantener abiertas las opciones hacia el futuro y de comprobar si el optimismo al que aludíamos más arriba está o no justificado :
- Abrir un debate sobre el agua, creando foros de discusión que permitan consolidar una adecuada comprensión colectiva sobre los problemas que afectan a este recurso.
- Proporcionar incentivos a la gestión de la demanda de agua con el fin de mejorar la eficiencia técnica en las redes de distribución y en los niveles de consumo.
- Ajustar los derechos sobre el agua al volumen de extracción que es sostenible, es decir, al volumen y la calidad que permitan que el agua siga siendo un recurso en términos de las funciones no sólo económicas sino también ambientales y sociales.
- Limitar exclusivamente la aplicación de la tecnología de desalinización al agua de mar (y no a la salobre), utilizando energías renovables.
Parafraseando a Caldwell, queremos terminar señalando que el enfoque ecosistémico (aplicado a la gestión de un acuífero) consiste en beneficiarse, en la mayor medida posible, del trabajo de los procesos naturales, ya que sustituir cuando sea factible el esfuerzo humano por la economía de la naturaleza es la esencia del buen sentido, tanto económico como ecológico. Al respecto, consideramos que si hay algo que tiene prioridad en estos momentos es la gestión del acuífero (economía de la naturaleza), frente a las inversiones en infraestructura que aumentan el suministro de agua a costa de una creciente artificialización que, en definitiva, supone una mayor vulnerabilidad de la economía y la sociedad canaria.