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Medio ambiente limpia la costa Tinerfeña
El Hotel Médano divide a las administraciones. La dificultad de proteger la costa subyace en un caso en el que Cabildo y Ayuntamiento no quieren derribo
Daniel Millet
En el caso del hotel Médano subyace un mundo de dificultades y contradicciones en la filosofía y aplicación de las leyes de protección del medio ambiente. El Ministerio de esta área se ha quedado prácticamente solo en la defensa del derribo del edificio, un caso especial en el paquete de acciones con el que el gabinete del Gobierno central quiere abrir una limpia en las costas canarias.
Pero, si el Ministerio se apoya en la Ley, ¿por qué administraciones como Cabildo o Ayuntamiento de Granadilla no lo respaldan? Ni siquiera los grupos ecologistas están del todo de acuerdo en el derribo de un inmueble detrás del cual se abre el debate: ¿dónde reside la frontera de la legalidad?
La confirmación de Cristina Narbona, ministra de Medio Ambiente, realizada durante su comparecencia en el Senado del pasado día 5, de que el hotel Médano va a ser demolido ha generado toda una campaña de rechazo en la que participan el Cabildo de Tenerife o el Ayuntamiento de Granadilla de Abona.
El gabinete del Gobierno central, que anunció también las actuaciones en dos hoteles de Fuerteventura, uno de Gran Canaria y la zona pesquera conocida como Cho Vito (Candelaria, Tenerife), argumenta que en todos los casos hay incumplimientos graves de la Ley de Costas vigente, que data de 1988.
Narbona precisó sobre el hotel Médano que “la concesión administrativa ha caducado” y que la intención es “comprar las parcelas de la parte del hotel que no queda dentro del dominio público y demoler el conjunto del edificio”. Es curioso que incluso en contra de la propuesta de Madrid se hayan colocado no sólo Cabildo, Ayuntamiento y vecinos sino colectivos ecologistas como Greenpeace, aunque la suya sea exactamente una oposición parcial.
María José Caballero es responsable en España de la parcela de costas de la organización y ha seguido especialmente el caso de Canarias. Opina que el del Médano es diferente: “Lo fundamental es que se cumpla la Ley de Costas y si un edificio es ilegal, es ilegal. Pero que digan que van a tirar el hotel Médano y que, por otro lado, permitan que se hagan otras instalaciones suena un poco extraño. Podríamos decir que este hotel está integrado en un núcleo urbano.
Nadie duda de que haya una parte ilegal, pero ¿para qué quitarlo?, ¿qué van a poner, un paseo marítimo y más cemento?”. La lógica de su posición ha colocado al Gobierno de Canarias en un peldaño intermedio, sobre todo cuando en el caso del hotel Médano la decisión no ha dependido de sus organismos competentes.
Pedro Gómez, director de la Agencia de Protección del Medio, encargada de abrir expedientes y ordenar la demolición de construcciones irregulares, especifica sobre la particularidad de esta edificación que “el hotel se hizo conforme a la ley anterior a 1988 y se autorizó. Lo que pasa es que con la legislación actual la parte que se mete en la arena y el mar requiere una concesión administrativa.
El Estado dio esa concesión en su día, pero ha emprendido un expediente al haber caducado”. El Gobierno de Canarias sólo actúa cuando se trata de una infracción al conjunto normativo actual de estructuras que nacieron bajo ese marco -la última, contra las casetas y cuevas de La Caleta de Adeje, en coordinación con Madrid-, pero sí deja clara su opinión de que la ley está para que todos la cumplan.
Así lo dio por sentado Domingo Berriel, consejero de Medio Ambiente: “Estamos a favor de los derribos que sean necesarios para que se cumpla la legalidad, no importa cuanto tiempo haya pasado desde que fue conculcada”.
¿Una interpretación caprichosa?
Ante la visión contraria de, entre otros, el Cabildo de Tenerife cabría preguntarse si es que las normativas tienen diferentes interpretaciones o, lo que opina esta administración insular, si el problema radica en que se ejecutan caprichosamente.
El vicepresidente del Cabildo, José Manuel Bermúdez, subrayó que no comprende la política estatal: “Están creando problemas donde no los hay y no resuelven los que están. No entiendo por qué no financian nuestros proyectos para mejorar la costa y, mientras, toman estas decisiones sobre un inmueble adaptado a un entorno urbano”.
El Cabildo, que ha usado argumentos ecologistas para rechazar el derribo porque protege del viento a los bañistas, ha amenazado incluso con defender la declaración de Bien de Interés Cultural de esta instalación y otra área en la que Madrid ha metido mano: el núcleo de Cho Vito.
El alcalde de Granadilla, el socialista Jaime González, se ha aliado con propietarios, trabajadores y usuarios del recinto, mientras los vecinos defienden por unanimidad el histórico inmueble.
El gran contrasentido para Greenpeace es que Medio Ambiente haya adoptado una decisión tan drástica con un edificio integrado a su área al tiempo que ha dado el visto bueno a la construcción del puerto de Granadilla, “pese a la cantidad de informes que avalan el tremendo impacto del proyecto portuario”. “Me parece increíble”, dice Caballero, para quien aquí la aplicación de la ley no es justa.
Todos los detalles de la polémica
Edificaciones a derribar. La Dirección General de Costas, adscrita al Ministerio de Medio Ambiente, ha anunciado el inicio de los trámites para el derribo del hotel Médano (Granadilla, Tenerife), 34 casetas y casas del barrio pesquero de Cho Vito (Candelaria, Tenerife), el complejo de Melenara (Gran Canaria) y los hoteles Oliva Beach y Tres Islas (Fuerteventura).
Ley de Costas.
Estos expedientes se abren por infracciones a la Ley de Costas, de 1988, que establece como zonas públicas sin posibilidad de edificación desde donde llega el mar hasta donde termina la zona de baño, la servidumbre de tránsito de seis metros a partir del final de la zona de baño, una servidumbre de acceso para permitir pasar a la zona pública y una servidumbre de protección, de 20 metros en suelo urbano y de 100 metros en suelo rústico, ampliable a 200 metros.
El caso del hotel Médano.
Es especial por cuanto a que el edificio, que data de los años sesenta, obtuvo los permisos en su día pero precisó de una concesión administrativa con la Ley de Costas de 1988. Esta concesión ha caducado y Medio Ambiente ha decidido obtener las parcelas de la parte legal y completar el derribo completo para recuperar para uso público el terreno de la playa del que se apropió la instalación.
A favor y en contra.
Medio Ambiente decidió el derribo amparándose en la Ley y el Gobierno canario se limita a defender toda decisión avalada por la legalidad. Cabildo de Tenerife, Ayuntamiento de Granadilla, vecinos y asociaciones de empresarios se oponen.
